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Redacción/ Noventa Grados
Morelia, Mich.- 28 de agosto 2013.- El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), Marco Vinicio Aguilera, presentó ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado el informe correspondiente al periodo de agosto 2012 a julio de 2013, donde revela que la mayor incidencia delictiva que se registra en todo el estado se presenta en Morelia, donde aparece el delito de narcomenudeo como una de las conductas antisociales en crecimiento.
Aunque se subraya en el informe que debido a la concentración de población, así como a la situación económica que se vive en el país, el municipio de Morelia sigue siendo un “punto rojo”, ya que aquí se concentra la quinta parte del total de habitantes del estado.
El informe de la PGJE detalla que en el último año los delitos que se mantienen al alza, sobre todo en Morelia, son el narcomenudeo, homicidio culposo, adquisición de objetos robados, lesiones culposas, homicidio doloso, violencia familiar, fraude, privación de la libertad, violación, extensión, amenazas, abuso de confianza, falsificación de documentos, secuestro, violación de domicilio, armas prohibidas, despojo de inmuebles y asalto.
Sobre el delito de narcomenudeo se detalla que desde que es competencia estatal se han integrado 337 averiguaciones previas penales; de éstas se iniciaron 34 en Apatzingán, una en Lázaro Cárdenas, 149 en Morelia, 19 en Uruapan, 118 en Zamora y 16 en Zitácuaro, de las cuales se logró la consignación de 215 personas, lo que representa el 63.79 por ciento del total de las indagatorias iniciadas por ese delito.
Los delitos que presentaron una disminución en la incidencia con respecto al año anterior son los cometidos por conductores de vehículos, contra la ecología, daño en las cosas doloso, incumplimiento de las obligaciones de la asistencia familiar, abuso sexual, robo de vehículo, disparo de arma de fuego, abigeato, estupro, lesiones dolosas y robo.
Precisa que el número de denuncias que se inician en las diversas subprocuradurías no sirve para conformar la estadística del comportamiento de índices delincuenciales del estado, sobre todo si se pretende tener certeza para saber dónde y qué clase de delitos se cometen.
Por lo que respecta a la materia de derechos humanos, la Procuraduría informa que se han abierto 283 quejas, de las cuales se han archivado 132, en razón de la improcedencia de las mismas y en dos casos se ha llegado al acuerdo de no violación de derechos humanos, continuando en trámite 149. Asimismo, atendió las solicitudes de información de los organismos de esta materia respondiendo a 474 requerimientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a 26 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El resultado de las recomendaciones –de las 11 que se instauraron– es que se iniciaron cinco procedimientos administrativos internos derivados de las recomendaciones emitidas por la CEDH en contra de agentes del Ministerio Público. Además, destituyeron a un ministerio público, suspendieron a 19, hay ocho apercibidos, 24 fueron amonestados, pero 35 fueron absueltos, 27 expedientes fueron sobreseídos y en 10 se dictaron acuerdos de incompetencia.
Menciona que se recibieron 418 quejas en contra de servidores públicos de esta institución, de las cuales 153 fueron conciliadas y en 265 se iniciaron procedimientos administrativos internos; dos en contra de subprocurador, una en contra de ex director de Control de Procesos, 209 en contra de agentes de ministerios públicos, 36 en contra de agentes de la Policía Ministerial, siete en contra de peritos, cuatro en contra de secretarios y seis en contra de quien resulte responsable.
Asimismo, para dar cabal cumplimiento a los tiempos establecidos por la Comisión de Seguridad Nacional, la Procuraduría de Justicia remitió para su evaluación a mil 141 servidores públicos en los centros Estatal y Nacional de Evaluación y Control de Confianza, de los cuales 652 fueron evaluados para la permanencia en el cargo y 489 aspirantes a ingresar a la Procuraduría, evaluaciones que arrojan que de las 652 de permanencia aprobaron 199 servidores públicos, lo que representa el 31 por ciento, pues 62 no aprobaron; a la fecha se tiene pendiente la recepción de los resultados de 387 servidores públicos, lo que representa el 58 por ciento.
Finalmente, el informe señala que los resultados de los aspirantes a ingresar a la Procuraduría arrojan que se tuvo una aprobación de 71 personas, lo que equivale al 15 por ciento; 168 aspirantes no aprobaron sus evaluaciones, lo que representa el 34 por ciento; 15 de las personas enviadas a evaluación no se presentaron a la misma, cifra que representa el 3 por ciento, y a la fecha se tiene pendiente recibir el resultado de 235 aspirantes, lo que representa que aún no se conoce el resultado del 48 por ciento de los aspirantes.
